Es un hecho que los ciudadanos tenemos mayores expectativas y exigimos nuevos y mejores estándares de servicio. Cuando nos movilizamos, ya no aceptamos taxímetros adulterados, rutas largas para pagar más, ni mucho menos paseos millonarios. Igualmente, cuando buscamos una empleada doméstica un día por semana para nuestro hogar, ya no aceptamos el riesgo de ser demandados por no pagar correctamente la seguridad social o las prestaciones. No aceptamos el incumplimiento de última hora, que no esté disponible el día que la necesitamos, ni aceptamos que la señora haga un trabajo mediocre y sin garantías. Todos buscamos siempre mejorar nuestra calidad de vida.
El problema es que las leyes tienden a resolver problemas del pasado, pero a veces bloquean el desarrollo de soluciones a las necesidades actuales de las personas. Ante esta situación se presentan tres alternativas.
En primer lugar, está el mercado informal. Todos conocemos las consecuencias de tener un mercado enorme que opera al margen de la ley. Recordemos por ejemplo que, según el DANE, en torno al 50% de la economía es informal y hay sectores en los que la informalidad alcanza el 90% como es el caso del servicio doméstico. Entre las graves consecuencias derivadas de este escenario, mencionaré dos:
- Menor recaudación tributaria que limita los fondos de los que dispone el estado, poniendo únicamente la presión tributaria en los trabajadores y empresarios formales. Esto limita la inversión y la creación de empleo.
- Menor recaudación en la seguridad social (EPS y pensión) que supone un peor servicio y pone en peligro la sostenibilidad del sistema.
En segundo lugar, están las empresas formalmente constituidas que hacen interpretaciones “creativas” de la ley para poder operar en las zonas grises. Aquí estarían las plataformas y apps generales (marketplaces), de las que Uber es mamá. No cumplir la ley de forma estricta permite bajar sustancialmente los costos y ofrecer un servicio a precios competitivos. No obstante, tolerar esto supone aceptar que las reglas no aplican para todos y tiene el riesgo de que una orden judicial obligue a cerrar el negocio y, con ello, se finalice abruptamente un servicio que ha probado ser útil para miles o millones de personas.
Por último, están las empresas que se ciñen estrictamente a la ley. Esta elección aumenta los costos de operar y limita la agilidad del negocio. Por ejemplo, se ralentiza la velocidad de adquisición de clientes, de creación de marca, y las economías de escala, bloqueando la innovación. En el corto plazo, la empresa puede ofrecer el servicio sólo a las personas con mayor poder adquisitivo dejando fuera a la inmensa parte de la población, pero blinda el servicio de cara al futuro.
Ante este dilema, en Hogaru decidimos cumplir con la ley de forma estricta. Esto ha tenido muchas ventajas como, por ejemplo: dignificar y profesionalizar el oficio doméstico, quitar de los hombros de clientes la responsabilidad legal sobre la relación laboral, y dar estabilidad financiera a nuestras profesionales que les permite acceder a créditos bancarios para mejorar sus vidas. La estabilidad financiera promueve el ahorro a futuro, cambiando sus mentalidades y hábitos. No obstante, para poder conseguir esto, hemos tenido que sacrificar nuestra aspiración de llevar el servicio a todos los hogares y oficinas que lo necesitan. También, nos hemos visto obligados a no poder dar estas oportunidades de buenos trabajos a muchas personas por los riesgos legales futuros que pueden suponer para la compañía.
Las sinergias que resultan del trabajo coordinado entre un estado moderno y una empresa privada ágil son claves para que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida. Pero, como dijimos anteriormente, las leyes actuales, y su interpretación, se han convertido en un obstáculo para el dinamismo de las empresas. Es por esto que la pelota está ahora en la cancha del estado: el reto está en que los jueces apliquen las leyes existentes para reducir la informalidad y asegurar la libre competencia, y en que los legisladores adapten las leyes a los tiempos. Nos atrevemos a apuntar a tres reformas a la legislación laboral que vemos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de todos:
- Flexibilizar los contratos de trabajo en cuanto al horas trabajadas y distribución de las mismas, así como flexibilizar la terminación para evitar los abusos de algunos trabajadores.
- Alinear mejor incentivos de EPS, ARL y empresas en el control de las incapacidades, calificaciones de origen y fueros de salud para evitar que el costo finalmente caiga en su mayor parte sobre los hombros del empresario.
- Unir la subida de salario a la mejora en la productividad creando un marco jurídico más estable y previsible.
El éxito de empresas como Uber y Hogaru comprueba que existe una necesidad de servicios mejores e innovadores. Sin embargo, mientras la regulación actual no cambie, estas oportunidades serán atendida principalmente por el mercado informal. Los mototaxis, bicitaxis y taxis piratas explotarán el hueco que deja la salida de Uber; y en nuestro caso, las empleadas domésticas informales dominarán el mercado porque seguirán siendo una alternativa mucho más barata que una profesional de Hogaru. Con las leyes actuales, las empresas que interpretan “creativamente” las leyes serán cerradas y las empresas que las interpretamos “estrictamente” creceremos lentamente. El gran ganador en este estancamiento legal es la informalidad, y, si gana la informalidad, perdemos todos y cada uno de los ciudadanos que viviremos en un país débil y sin dinero para afrontar los retos que depara el presente y el futuro.
Bogotá, enero 20 de 2020
Gonzalo Úcar Rodríguez
Cofounder and COO