Con la más reciente legislación que se ha implementado en territorio colombiano que permite a los trabajadores de servicios acceder a mayores derechos laborales, son muchas las demandas de empleadas domésticas que han llegado hasta los estrados judiciales contra sus empleadores.
28 años de relación laboral han acabado en una pesadilla para las partes. Por un lado, una empleada doméstica con un cáncer que está peleando por un trabajo y un dinero que considera un derecho. Por otra parte, una familia que está obligada a pagar una mensualidad a su antigua empleada doméstica que no impone a la empleada la obligación de trabajar hasta que el proceso laboral se cierre por la vía ordinaria. En este proceso está en juego una multa de decenas de millones de pesos por seguridad social no abonadas a tiempo, el reintegro al puesto de trabajo y el salario y seguridad social adeudados desde el despido.
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Sentencia de la Corte Constitucional
Después de las demandas de empleadas domésticas, la Corte Constitucional confirmó el pasado 15 de abril en la sentencia T-185/16 que el empleador debe pagar mensualidades completas, sin que la trabajadora tenga que trabajar para él, a la que fuera su empleada doméstica durante 28 años hasta que la justicia ordinaria determine si se han vulnerado los derechos laborales de la trabajadora.
Hechos descritos en la sentencia
Según está recogido en la sentencia, la empleada doméstica trabajó durante 28 años para el empleador firmando contratos anuales que eran liquidados a final de cada año. La relación laboral acabó en abril de 2015 cuando el empleador decidió finalizar el contrato con su empleada doméstica de toda la vida. Las demandas de empleadas domésticas contra su antiguo empleador alegaron que el despido fue como consecuencia de una enfermedad grave que le fue diagnosticada.
Términos de la demanda de la empleada
Según se recoge en la sentencia, la empleada estima que el empleador vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social cuando la despidió como consecuencia de la enfermedad que padece. Actualmente, la empleada está luchando en los tribunales por el reintegro al cargo que venía desempeñando, el pago del salario y seguridad social dejadas de percibir desde su despido, la afiliación al sistema de seguridad social y al pago de la indemnización por despido de personas en situación de incapacidad contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
La Corte señala además que no existen pruebas de la afiliación y pago de seguridad social a las que tenía derecho su empleada doméstica y por tanto la multa adicional a la que puede estar expuesto el antiguo empleador es de varias decenas de millones de pesos.
Esta sentencia no hace sino reforzar la jurisprudencia relativa a los derechos del personal doméstico.
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Fuente: Jordan Rojas